Las empresas de seguridad se alistan
22.06.2011 Luis Montoto
El negocio de la seguridad privada está viviendo una revolución en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. La multiplicación de conflictos regionales ha elevado la demanda de protección por parte de compañías multinacionales y organizaciones no gubernamentales. En paralelo, el incremento de las operaciones militares en el exterior lleva a los ejércitos a privatizar una parte de sus funciones.
Este doble proceso ha impulsado la forja de firmas como Blackwater (hoy denominada Xe Services), empresa militar privada de EEUU, que ha sido muy cuestionada internacionalmente por sus prácticas irregulares en Irak. Al margen de este polémico caso, están madurando otros gigantes, como la también estadounidense DynCorp, la británica Aegis o la gala Geos.
Esquema de negocio
Responden a un esquema común: prestan servicios en el ámbito de la inteligencia (obtención de información crítica en distintos países); proporcionan seguridad y protección armada; y asumen tareas logísticas, como el mantenimiento de aeronaves y sistemas de armas. Ahora bien: ¿Es posible que un modelo así se desarrolle en España?
Por el momento, la necesidad de externalizar las tareas del ejército ya está sobre la mesa. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez, afirmó en 2008 que “los ejércitos son cada vez más reducidos y cada hombre cuenta más que nunca; por lo que el objetivo es disponer de la mayor cantidad posible de personal para cometidos operativos y para ello, la externalización [del resto de las actividades] es una buena solución”.
La presencia internacional de tropas españolas ha alcanzado su récord en los últimos años, tanto en efectivos (más de 3.500 militares), como en el presupuesto (790 millones en 2010). También crece la actividad de empresas españolas en regiones de Latino América, África y Oriente Medio, donde la seguridad no está garantizada.
“Los militares desarrollan una gran diversidad de tareas para las que no siempre hace falta personal de las fuerzas armadas, y esto genera un gran desgaste”, afirma Rodrigo Cortina, director del grupo de seguridad Ombuds, y añade: “Las compañías privadas pueden colaborar en labores como el control de accesos en bases internacionales”.
Por otro lado, Jesús Jiménez, director de Operaciones de Eulen Seguridad, apunta que “las empresas españolas con proyectos estratégicos en el exterior tienen que recurrir a firmas de seguridad de Israel o Estados Unidos, ya que en nuestro país no se puede cubrir esa demanda”. El directivo cree que “esta situación va claramente en contra de los intereses económicos nacionales, ya que hay una información clave de multinacionales españolas en manos de grupos extranjeros”.
Jiménez considera que las compañías de seguridad en España estarán poco a poco capacitadas para desarrollar este nuevo esquema, tanto para las Fuerzas Armadas como para firmas privadas. Pone como ejemplo la gestión de aviones no tripulados. “La adquisición de este tipo de aeronaves [que las tropas españolas utilizan en Afganistán para captar imágenes] es muy cara y requiere de un personal bien capacitado”. Una firma como Eulen “podría aportar esta tecnología, por ejemplo, en régimen de leasing, lo que le evitaría al Estado el coste de adquisición”. La compañía ya proporciona sus ‘aviones sin piloto’ en la vigilancia de infraestructuras. También se encarga de la protección armada de buques en aguas internacionales.
Pero el gran obstáculo para la creación de estos grupos está en la normativa actual. Mario Laborie, general de brigada de Infantería y colaborador del think tank Grupo Atenea, recuerda que “las empresas de seguridad privada en España no pueden actuar en el exterior, ya que la legislación las considera como colaboradoras de las fuerzas de seguridad del Estado” y no contempla la exportación de sus servicios.
Legislación
Este analista apunta que el Ejército ya ha externalizado servicios logísticos (como el transporte estratégico de tropas). Sin embargo, “la protección de bases o el manejo de aviones no tripulados se puede considerar un apoyo directo de civiles en operaciones de combate, lo que requiere un cambio normativo”. Una vez que Estados Unidos ha apostado por este sistema, Laborie está convencido de que España se tendrá que enfrentar, tarde o temprano, a este debate. Aunque hace una salvedad: “Somos una nación garantista y, por lo tanto, habrá que responder antes a otra cuestión: ¿Cómo se pueden controlar estas actividades? Está comprobado que el mercado por sí solo no puede regularlas”.
En esta línea, hay dos puntos que dañan al sector. En primer lugar, “la falta de transparencia”; y el segundo, “la ausencia de procedimientos eficaces para pedir responsabilidades” si algún grupo incurre en prácticas abusivas o delitos, tal como ocurrió con la citada Blackwater en Irak. “Hasta que no se resuelvan estas dos cuestiones, será difícil que la mayoría de los países europeos autoricen este modelo”, concluye Laborie.
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