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M. L. Alonso. Madrid Lunes, 17 Enero, 2011
El reparto de los millonarios fondos que gestiona la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige Valeriano Gómez, vuelve a estar en entredicho por la supuesta falta de independencia del proceso de adjudicación de esas partidas, que en 2010 supusieron el ingreso de más de 10 millones de euros en las arcas de UGT y Comisiones Obreras.
Si hace menos de un mes el Tribunal de Cuentas informó de la existencia de un proceso opaco en esa división de ayudas públicas y advirtió de que las centrales sindicales realizaban un “reparto previo” de los fondos que es “ilegal”, ahora es el sindicato independiente USO quien denuncia nuevas irregularidades.
El último informe del máximo órgano fiscalizador concluyó en su análisis que entre los años 2000 y 2007 tanto los sindicatos mayoritarios como la patronal, que forman parte del patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, se habían repartido los fondos de esa organización de forma irregular provocando “una clara distorsión” del proceso de adjudicación al “vulnerarse los principios de concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación”.
El informe concluía que las organizaciones sindicales se habían puesto de acuerdo previamente para repartirse las partidas millonarias que tienen como objetivo llevar a cabo acciones para la potenciación de la creación de planes preventivos de riesgos laborales en las empresas, especialmente en las PYMES, y que según el tribunal no se repartieron en función de la calidad de los proyectos sino de la organización que supuestamente iba a realizar la acción.
Según USO, la prueba de esa arbitrariedad a la hora de conceder los fondos públicos es que ninguno de los proyectos que este sindicato propone a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales recibe ayudas públicas. “En las denegaciones no constan los motivos a partir de los cuales se ha procedido a la exclusión total de USO, simplemente se ha argumentado que ‘a la vista de las solicitudes recibidas y de los recursos disponibles no ha sido posible su aprobación”, explican desde la organización sindical. Por este motivo, la secretaria de Salud Laboral de USO, Sara García, denuncia que “la concesión de estas acciones se ha realizado hasta el límite de la dotación presupuestaria. Es decir, que las centrales sindicales mayoritarias se benefician de las ayudas porque son a su vez quienes conceden las subvenciones, al formar parte del patronato de la fundación. “No se tienen en cuenta criterios como la calidad o la necesidad de los proyectos para asignar los recursos”, denuncian.
En concreto, en 2010, sólo en ayudas indirectas a las federaciones territoriales de UGT, CC OO y CIGA y la patronal, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales ha repartido casi 20 millones de euros.
Esa partida se repartió a la mitad entre Comisiones y UGT y la patronal, mientras que CIGA se llevó sólo el 1% de las ayudas indirectas.
A estos fondos ya de por sí cuantiosos se suman los de las acciones directas, que entre 2007 y 2009 –según el informe del Tribunal de Cuentas– supusieron una inversión estatal de más de 100 millones de euros.
Además, entre 2000 y 2007, según el órgano fiscalizador, “tres de las organizaciones sindicales pertenecientes al patronato solicitaron y ejecutaron un porcentaje del 90,2% del importe total de las acciones directas aprobadas por el mismo patronato de la fundación”.
Lo más grave, sin embargo, sigue siendo la duda que el Tribunal de Cuentas levantó sobre el uso que los sindicatos y alguna asociación de empresarios han hecho de los fondos recibidos. Además de acusarles de repartirse el dinero antes incluso de abrir el plazo de recepción de propuestas, el tribunal afirmó que “dada la falta de controles sobre la realidad de las imputaciones de las horas efectivas trabajadas para la acción –por los empleados de los sindicatos–, existe un riesgo de que fueran utilizadas para financiar costes no relacionados con la actividad subvencionada”. “El tribunal no pudo verificar la existencia o no de financiación indebida de los costes de personal”, concluyó.
Por todos estos motivos, la dirección del sindicato USO exige al Ministerio de Trabajo de Valeriano Gómez que vele por los fondos públicos y actúe en consecuencia tomando las medidas oportunas porque no se puede permitir que la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales distribuya esas partidas bajo principios alejados de la transparencia.
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