Un juzgado del Sur imputa a Ramírez por estafa y apropiación indebida
septiembre 30, 2011 |
T. FUMERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granadilla ha imputado al conocido empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez por la supuesta autoría de un delito de
estafa y otro de apropiación indebida, según el auto que obra en poder de este periódico.
estafa y otro de apropiación indebida, según el auto que obra en poder de este periódico.
Además de a Ramírez, este juez instructor, Roi López Encinas, imputa igualmente al que fuera responsable de seguridad de Aeropuertos Españoles (AENA) en el Tenerife Sur -Reina Sofía- los delitos de falsedad documental en documento público, infidelidad en la custodia de documento público, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones legales.
Al tercer imputado sólo se le imputa por falsificación en documento privado.
En resumen, la imputación se debe a que el juez deduce de la instrucción que Ramírez tendría que estar al corriente de que el jefe de seguridad habría inflado las facturas de cobro a AENA en más de 168.000 euros.
Cuadrantes
Según detalla el juez en el auto, “ha quedado acreditado que el entonces jefe del departamento de seguridad de la entidad AENA alteró los datos de varios documentos relativos a los servicios de seguridad prestados en la empresa Seguridad Integral de Canarias con el objeto de incrementar de manera ficticia el valor de las facturas expedidas por la referida empresa, con cargo a los fondos públicos de AENA.
Aunque el exjefe de seguridad reconoce la disparidad en los cuadrantes del personal, que habrían sido inflados, lo achaca a correcciones derivadas de modificaciones sobrevenidas fundadas en las necesidades del servicio, un argumento que descarta en su auto el instructor.
Con respecto al montante del supuesto fraude, abarca desde enero de 2007 hasta febrero de 2009, con cantidades que oscilan desde los 20.000 hasta los 3.000 euros en cifras redondas, para un total acumulado de 186.880 euros.
Análisis exhaustivo
Por lo que refiere a Ramírez, el juez explica que “del análisis del exhaustivo estudio comparativo elaborado por el Equipo contra el crimen organizado de Canarias, se ha alcanzado la conclusión de que la empresa fue consciente en todo momento de la divergencia de horas existentes y ello porque una vez recibidas las certificaciones del ex jefe de seguridad, basadas en los cuadrantes modificados, adaptaron sus cuadrantes a tales guarismos”.
“Se hacía -continúa el auto- a través de la utilización del apartado Incidencias u horas en blanco, en el que introducían las reflejadas en el cuadrante modificado y que por el contrario no constaban en su propia contabilidad puesto que no estaban reflejadas en los estadillos de servicios de la propia empresa”.
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