El descuelgue salarial se
generaliza entre las empresas tras la reforma laboral
MÁS DE 200
EMPRESAS AL MES SE ACOGEN A ESTE BENEFICIO MÁS DE 200 EMPRESAS AL MES SE ACOGEN
A ESTE BENEFICIO
24.03.2013
Si uno de los objetivos estratégicos de la última
reforma laboral era facilitar a las empresas que puedan descolgarse de
los convenios colectivos: pleno al 15. El Gobierno ha
acertado todos los números de la quiniela. La inaplicación de convenios
colectivos era hasta hace un año residual en las relaciones laborales, pero
ahora se ha disparado hasta convertirse en un instrumento importante a
la hora de salvar la situación económica de una empresa.
Las cifras oficiales muestran que en los dos primeros meses de este año el número de empresas
que ha decidido no aplicar a sus trabajadores el incremento salarial pactado
previamente en un convenio colectivo de ámbito superior representa más de la
mitad que en todo el año pasado.
O dicho en términos más precisos: si en 2012 fueron
748 sociedades las que no aplicaron el convenio por razones económicas -lo que
afectó a 29.352 trabajadores-, en enero y febrero de este año ya son 430
empresas las que se han acogido a esta posibilidad. En total, 19.340
trabajadores que no podrán beneficiarse de una mejora de sus relaciones
laborales debido a la situación patrimonial de sus empresas, pese a que así
lo marca el convenio de ámbito superior.
La posibilidad del descuelgue ya existía con la
anterior legislación laboral, pero el procedimiento era tan prolijo y
complicado que en la práctica su utilización siempre ha sido muy escasa.
La nueva ley facilita que una vez culminado un proceso de consultas con
los representantes de los trabajadores, las empresas no apliquen el régimen
salarial pactado, pero siempre que su “situación y perspectivas económicas pudieran
verse dañadas como consecuencia de tal aplicación, afectando a las
posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma”. Si se dan estas
condiciones, una empresa puede acogerse a la cláusula de descuelgue.
Lo que pretendía la reforma laboral, según su
declaración de principios, era favorecer “la adaptabilidad de las condiciones
de trabajo a las circunstancias de la producción”. Pero lo cierto es que
esta posibilidad está afectando sobre todo a las empresas de mayor tamaño.
De hecho, casi el 10% de las compañías que se han acogido al descuelgue tienen
una plantilla superior a 250 trabajadores, cuando su peso en el conjunto de
empresas que tienen algún trabajador y por el que cotizan a la Seguridad Social es de apenas el 0,3%. De los
casi 20.000 trabajadores afectados por el descuelgue, casi la mitad tienen su
empleo en empresas con más de 250 trabajadores.
Los costes laborales se desploman
La generalización de los descuelgues salariales es una
de las causas que explican el desplome de las nóminas. También, como es
lógico, la destrucción de empleo, que ha provocado un retroceso históricos de
los salarios. Los datos más recientes muestran, en concreto, que los costes
laborales unitarios (CLUs) del conjunto de la economía española siguieron
retrocediendo en el último trimestre del pasado ejercicio y anotaron una caída
interanual del 5,8% frente a un retroceso menos acusado del trimestre anterior
(2,9%). Esta tasa contrasta con lo que ocurría, por ejemplo, en 2008, al
principio de la crisis. Ese año, los costes laborales crecían nada menos que
un 5,7%.
En el conjunto del año 2012, por el contrario, los
CLUs mostraron una caída media del 3,4%, frente al -1,4% del conjunto de 2011,
lo que da idea del ajuste. El Ministerio de Economía lo achaca tanto a la
recuperación de la productividad como a la moderación de los costes laborales,
principalmente los salarios. Hay que tener en cuenta que, según el registro de convenios
colectivos, las nóminas están subiendo actualmente apenas el 0,6% respecto
del año anterior, lo que supone casi cinco veces menos que el IPC.
La conclusión que saca el Gobierno es que esta
evolución de los costes laborales unitarios (relación entre
productividad y salarios) “comporta una ganancia de competitividad vía costes y
una reconstitución de la rentabilidad de la inversión, condiciones necesarias
para crear las bases que permitan iniciar la creación de empleo”.
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