¿La
justicia es igual para todos? ¿Tú qué dices vigilante?
Dos años de cárcel para los
agresores de un interventor de Renfe
La víctima
sufrió una doble fractura de mandíbula. Deberá ser indemnizada con 76.716 euros
por los condenados
Lara Otero Madrid 8 ABR 2013
La paliza fue tan brutal que el interventor
de Renfe sufrió una doble fractura de mandíbula. Dos hombres han sido
condenados a dos años de prisión cada uno y a abonar conjuntamente una
indemnización de 76.716 euros a la víctima, un trabajador de la empresa pública
ferroviaria, a quien la sentencia reconoce la condición de agente de la
autoridad. Según el Sindicato Ferroviario (SF), se trata de la primera que
reconoce este extremo, si bien Renfe asegura que ya ha habido más.
Los hechos, que los acusados reconocieron y
por los que aceptaron los dos años de prisión, se produjeron al 19 de noviembre
de 2008, cuando José Domingo F. I. fue requerido por el interventor en la
estación de cercanías de Pozuelo de Alarcón para que picara el billete, “ya que
pretendía entrar sin pagar”, según explica la sentencia del Juzgado de lo Penal
número 22 de Madrid. El hombre se negó y comenzó a increpar al interventor y a
acercarse a él en actitud intimidatoria hasta que comenzó a empujarle.
En ese momento un amigo del agresor, Ramón
G.-N., que entraba en la estación “se metió en medio y propinó un fuerte
puñetazo en la cara” al empleado. “Se abalanzaron sobre él y le agredieron con
puñetazos y patadas por todo el cuerpo” hasta derribarle, prosigue la
sentencia, que es firme.
A consecuencia de la paliza, el trabajador
sufrió una doble fractura en la mandíbula que necesitó tratamiento quirúrgico,
de la que tardó 371 días en recuperarse (cinco ingresado) y durante otros 317
estuvo impedido para sus actividades habituales. Las secuelas consisten en una
alteración de la oclusión dental y un trastorno neurótico por estrés
postraumático medio, además de la pérdida de un molar.
La sentencia recoge también que Domingo F.
I. desafió a los policías que acudieron al lugar y se negó a identificarse.
El fallo condena a cada uno de los acusados
(carentes de antecedentes penales) a un año de prisión por atentado a agente de
la autoridad y a otro año por un delito de lesiones, además de la indemnización
de 76.716 euros.
La Ley del Sector Ferroviario (de 2003) y
el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (de 1990)
otorgan a los interventores ferroviarios la condición de agentes de la
autoridad, pero según el SF nunca antes se había reconocido en sentencia.
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