Interior recolocará a 250 escoltas del País Vasco en
21 prisiones a partir del 1 de abril
- Es el primer paso de la privatización de la vigilancia exterior, en la que se ha invitado a seis empresas de seguridad sin concurso público.
- De momento los vigilantes privados estarán supervisados por la Guardia Civil. Son un refuerzo, no una sustitución.
- Sus funciones en la seguridad exterior de las prisiones: vigilancia en garitas, control de acceso y de las cámaras.
- 22.03.2013
La privatización de la seguridad de las prisiones ya
es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250 escoltas que antes
trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en el País Vasco, empezarán
a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de vigilancia exterior.
Así lo revelan documentos internos de la
Guardia Civil a los que ha tenido acceso 20Minutos. En ellos se especifica que el
22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de
seguridad privada, en las plantillas de Guardia Civil y Policía
Nacional que prestan servicio en los centros penitenciarios.
Interior habla de "refuerzo" y no de sustitución.
En un principio, "dos vigilantes de seguridad" por turno, lo que
supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. "En ningún caso supondrá una reducción de efectivos"
de las unidades policiales, "tan solo se tratará de un refuerzo, al menos
en su fase inicial", por lo que Interior deja claro el objetivo de este
plan: la
sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado, para
que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad ciudadana.
Poca información y transparencia
Tanto las asociaciones de guardias civiles
como los sindicatos de prisiones siempre han criticado el oscurantismo que Instituciones
Penitenciarias ha generado sobre este tema. La respuesta más clara la dio
el ministerio del
Interior en una respuesta parlamentaria a UPyD. En ella, el Gobierno explica que lo que se
"pretende es que determinadas
funciones auxiliares puedan ser asumidas por vigilantes
privados, siempre bajo la supervisión y dirección de los Cuerpos de Seguridad
del Estado".
En esta primera fase, los vigilantes nunca
actuarán en solitario Los
vigilantes actuarán como medio
auxiliar de la Policía y Guardia Civil, tal como determina la ley
32/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. ¿Qué harán los escoltas en
las prisiones?. Según la documentación de la Guardia Civil, "vigilancia de garitas, control de los
accesos y de las cámaras de control. En esta primera fase nunca
actuarían en solitario".
No obstante, el Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que "la seguridad exterior de los
establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado", por lo que habría que cambiar este ley, algo que
aún no se ha hecho. Quizás por ello, explican fuentes penitenciarias, aún no se ha adjudicado ningún contrato,
sino que se ha invitado a empresas de seguridad que han formado una UTE a esta "experiencia piloto".
2.000 guardias civiles en seguridad ciudadana
El sindicato CSIF asegura que este proyecto también vulnera
el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que "establece
que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés
generales del Estado y de la Administraciones Públicas".
Asociaciones de guardias civiles y
sindicatos de prisiones son contrarios a este medida La mayor asociación de la Guardia Civil, AUGC, no tiene ninguna duda sobre la intención
final del Gobierno: "privatizar
la seguridad en las prisiones", sobre todo teniendo en
cuenta que las "Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan
actualmente ningún refuerzo". "Cuando este plan de privatización
avance y entre en fase de sustitución progresiva afectará a cerca de dos mil guardias civiles
en todo el país". AUGC recuerda que el PP no llevaba este proyecto en su programa electoral. Para
el principal sindicato de prisiones,
Acaip, esta
medida supone "un
encarecimiento inexplicable del funcionamiento de las cárceles que no aporta
ningún beneficio".
Como ya adelantó 20Minutos en enero de este
año, Interior
barajaba llevar la privatizacióna entre 15 y 21 prisiones. Finalmente los
centros elegidos han sido: Alicante II, Algeciras, Puerto I y II (Cádiz),
Castellón I y II, Córdoba, Pamplona I, Huelva, Teixeiro (A Coruña), León,
Logroño, Mallorca, Murcia II, Dueñas (Palencia), A Lama (Pontevedra), Topas
(Salamanca), Sevilla II, Valladolid, Zaragoza y Daroca (Zaragoza).
Seis empresas en la UTE
De momento la UTE está formada por seis empresas, todas
ellas que antes trabajaban para el Gobierno vasco el ministerio del Interior
suministrando escoltas. Son Ombuds,
Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica. Una fuente de Ombuds ha explicado que ellos
aportarán más de 60 vigilantes en seis prisiones: Palencia:
Castellón II, Salamanca, Huelva, Pamplona y Logroño.
"El personal que va a ir a prisiones
está recibiendo una formación especifica, que se suma a la que ya tiene como
vigilante privado o escolta", señalan desde UGT. Lo que está claro es que los escoltas
reconvertidos en las prisiones ganarán menos que lo percibían
cuando daban protección en el País Vasco, según las mismas fuentes, con sueldos
que rondarán los 1.200-1.300 euros.
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