Los tribunales ponen límites a la reforma laboral
La conflictividad en los juzgados ha aumentado desde
la aprobación de la norma.
Los jueces echan atrás los despidos colectivos si
comprueban que la empresa no ha negociado con los trabajadores o lo ha hecho de
mala fe.
También se tiene en cuenta si existe un grupo
empresarial más amplio que el que se toma en consideración para tramitar el
ERE.
26/03/2013
Fue una consigna muy repetida en el
Gobierno: la reforma laboral disminuirá la judicialización de los conflictos.
Un año después, la realidad es precisamente la contraria. Las demandas por
despido en los juzgados de lo social crecieron un 25,3% en 2012 respecto al año
anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los
expedientes de regulación de empleo se
han disparado: los no pactados (con más probabilidad de acabar en los
juzgados) crecieron por encima del 90% en los ocho primeros meses de 2012. Y
son los tribunales los que, sentencia a sentencia, están moldeando la norma
laboral y marcando las nuevas
líneas rojas.
Aunque aún no hay jurisprudencia al respecto (ningún caso
ha sido todavía dirimido por el Tribunal Supremo), ya hay cerca de 50
sentencias dictadas entre los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia
Nacional. Fabián Valero, abogado especializado en Derecho laboral, explica que
hay varios puntos clave que están permitiendo declarar nulos parte de los
nuevos despidos colectivos que llegan a los tribunales. Son los casos en los
que el juez comprueba que no ha existido “voluntad real de negociación” o que ha habido “mala fe negocial” por
parte de la empresa durante el periodo de consultas con los trabajadores.
“En estas sentencias se declaran los
despidos colectivos nulos en cuanto a que la empresa ha faltado al principio de
buena fe a lo largo del periodo de consultas, en relación al deber de hacer
todo lo posible para llevar a cabo un acuerdo y no considerar el periodo de
consultas como un mero trámite”, asegura Antonio Valenciano, abogado y
presidente de la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador
(Andet).
Es el caso de una sentencia que la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó en diciembre y
en la que declaraba nulo un expediente de regulación de empleo por el
incumplimiento empresarial del periodo de consultas. La sentencia señala que
este periodo es un verdadero
proceso de negociación de obligado cumplimiento y que debe
estar guiado por la búsqueda de un acuerdo. Por el contrario, constata que la
posición de la empresa fue “inamovible e inflexible”.
Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona,
constata el aumento de la conflictividad laboral en los juzgados: “La crisis ha
incrementado el número de despidos objetivos y de extinciones de contratos a
través de expedientes de regulación de empleo. En caso de desacuerdo con la
empresa, los trabajadores y sus representantes tratan de defender sus derechos
y de obtener, si no puede lograrse la readmisión, mejoras económicas sobre la
indemnización abonada por la empresa. Además, antes los despidos colectivos los
resolvía la autoridad laboral [una autorización que desde la reforma laboral ya
no es necesaria], ahora en
muchos casos no hay acuerdo y los trabajadores recurren a los
tribunales para discutir si los despidos son procedentes o improcedentes".
En otra sentencia de julio, en este caso de
la Audiencia Nacional, se declara nulo un despido colectivo al considerar
probado el fraude de ley: durante el periodo de consultas, la empresa trató de
parcelar la negociación por centros de trabajo y mantuvo contactos paralelos
con trabajadores afectados. La sentencia considera probado que, si bien los
propios representantes de los trabajadores no cuestionan la posible existencia
de causas económicas, los defectos en el procedimiento y la forma de negociar
vulneran el principio de “buena fe que debe regir”.
También está teniéndose en cuenta la existencia de un grupo empresarial más
amplio que el que se toma en consideración para tramitar el ERE
y que puede llevar a confusión sobre la situación económica real de la empresa
o sobre la constitución de la mesa que negocia el expediente. Otro factor que
está conduciendo a la nulidad de los expedientes de regulación es la falta de aportación de la documentación
económica y financiera necesaria para que los representantes de los
trabajadores estudien la situación de la empresa.
“Fuera de estos supuestos, cuando la
Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia entran al fondo del
asunto y analizan la situación de la empresa, se inclinan mayoritariamente por aceptar la validez del ERE.
Las empresas ya no tienen que acreditar que los despidos van a contribuir a
mejorar su situación o mejorar su posición económica y competitiva, será
suficiente con que las empresas acrediten una situación económica negativa, o
bien la existencia de pérdidas actuales o previstas, o una disminución de sus
ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos”, resume Fabián Valero.
Por su parte, el presidente de Andet,
Antonio Valenciano, asegura que es muy difícil demostrar que la empresa ha
cometido un fraude en sus
cuentas. “A los jueces siempre les ha valido la información del
registro mercantil y las cuentas auditadas. Es algo aberrante porque no
incluyen otro tipo de información que puede ser pertinente, son meras
declaraciones, nada más, no hace falta ni que justifiques las cuentas. Además,
todos sabemos que muchas auditorías no son precisamente exhaustivas”, dice.
Eduardo Rojo confirma que los tribunales
están siendo meticulosos con el cumplimiento de los aspectos formales, pero que
si estos se cumplen y se analizan las causas económicas, muchos despidos
colectivos sí salen adelante. No obstante, señala que sí está habiendo una
vigilancia "escrupulosa" de la normativa, algo que está produciendo
"reticencias" en los sectores empresariales. "Esto está llevando
a las empresas a afinar más",
asegura.
En una sentencia de la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional del pasado diciembre se consideró válido el expediente de
regulación de empleo de un grupo de 'contact center'. La Audiencia señaló que
se trataba de despidos procedentes ya que consideró probado que el 93% del
negocio de la empresa procedía de dos contratos que no se mantuvieron. La
compañía acreditó pérdidas en tres trimestres consecutivos y presentó sus
previsiones de pérdidas para 2012 y 2013. Además, las empresas cumplieron
"sobrada y escrupulosamente" con su obligación de informar a los
representantes de los trabajadores. Resultado: expediente válido.
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