Un empresario patrocinó un
curso del fiscal que debe informar de su indulto
El presidente
de la Unión Deportiva Las Palmas fue condenado por una obra ilegal
El fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas
Javier Ródenas dirigió en junio de 2012 unas jornadas jurídicas que estuvieron
patrocinadas, entre otros, por el empresario Miguel Ángel Ramírez, cuya
petición de indulto debía informar el representante del ministerio público. Ese
mismo mes, el fiscal Ródenas —el mismo que había solicitado y logrado la
condena firme del empresario a tres años y un día de cárcel por un delito
urbanístico— emitió un informe en el que pedía que la pena de prisión de
Ramírez quedara en suspenso hasta que el Consejo de Ministros
se pronunciara acerca de la medida de gracia.
El curso estaba organizado por la librería
especializada Juris Vegueta. El fiscal Ródenas reconoce a EL PAÍS haber cobrado
por dirigir las jornadas: “Nosotros recibimos dinero por ponencia, pero lo
recibimos de Juris Vegueta, no sabemos ni nos interesa el dinero que ponen los
patrocinadores”. Y amplía: “Aunque supiera que lo patrocinaba este empresario,
lo hubiese dirigido, me da igual lo del patrocinador, tengo tanta confianza en
mi trabajo que me da igual quién lo patrocine: los hechos indican que la
influencia ha sido nula”, concluye.
El caso se retrotrae a 2010, cuando el
Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas condenó a Ramírez a tres años y un
día de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la construcción, una multa
de 60 euros diarios durante 24 meses y el derribo de un muro construido en su
finca, que tiene una extensión de más de 30.000 metros cuadrados, y que invadía
un terreno rústico.
Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las
Palmas, recurrió la sentencia, pero la Audiencia
Provincial la ratificó —con un voto particular que pedía la disminución de
la pena—. El tribunal argumentó que el condenado actuó de forma “dolosa,
sabiendo que la zona a construir era rústica”. Fue entonces, cuando la
sentencia era firme, cuando el empresario condenado solicitó un indulto al
Gobierno.
El fiscal Ródenas, que recuerda que el
juicio a Ramírez fue “tenso e histórico”, defiende la petición de suspensión de
pena tras la solicitud del indulto. Argumenta que hay circulares que indican
que “en todos los casos donde la pena de prisión no supere los tres años, es
obligación suspender la privación de libertad mientras se tramita el indulto
cuando el condenado no tiene antecedentes penales”. En este caso, la pena,
aunque sea por un solo día, es superior al límite que indican las circulares de
la Fiscalía.
Miguel Ángel Ramírez es el propietario de
dos de las cuatro empresas que patrocinaron el curso que el fiscal dirigió. Una
de ellas, Ralons Medio Ambiente, forma parte de la matriz que promovió la obra
por la que Ramírez fue condenado y que lleva el mismo nombre, Ralons S. A.
Fuentes del entorno de Ramírez aseguran que subvencionan distintas actividades
que hace Juris Vegueta y que este caso no fue una excepción.
El curso que dirigió Javier Ródenas, y que
patrocinó Miguel Ángel Ramírez, llevaba por nombre Medio Ambiente y Urbanismo.
Y al mismo asistieron, entre otros, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo
García Panasco, y el fiscal de Sala de Medio Ambiente del Tribunal Supremo,
Antonio Vercher.
Javier Ródenas tiene 36 años y una gran
proyección dentro de la fiscalía de Las Palmas. Según distintas fuentes
consultadas, es una persona cercana al fiscal jefe, Guillermo García Panasco,
que le ha encomendado, entre otros asuntos, dar apoyo en una de las mayores
operaciones judiciales anticorrupción que hay en marcha en Canarias, el caso
Unión, que se investiga en Lanzarote. Además, preside la sección de la
Asociación de Fiscales (AF) en Canarias.
Miguel Ángel Ramírez es un empresario
entrado en la cuarentena que ha visto como en poco más de diez años sus
negocios se han multiplicado. Comenzó vendiendo fruta con familiares en
diferentes barrios de Las Palmas y de ahí ha pasado a tener una empresa de
seguridad y una matriz, Ralons, de la que cuelgan negocios que prestan servicios
que van desde la gestión de guarderías a la lavandería industrial o el medio
ambiente. Al margen de Ralons, es el propietario de Seguridad Integral Canaria,
una empresa que custodia desde los juzgados de Las Palmas hasta el Valle de los
Caídos o El Escorial. Según diferentes fuentes, aproximadamente el 70% de las
facturas que ingresan las empresas de Miguel Ángel Ramírez dependen de la
Administración.
Según Javier Ródenas, hay que “ver el
cuadro completo: se trata de un juicio en el que se ha logrado una pena de
prisión por un delito medioambiental, algo histórico, con un escrito de
acusación que no deja lugar a dudas”. Además, añade que diez días antes del
juicio dirigió otro curso organizado por la misma librería y que no tuvo
ninguna relación con el desarrollo del juicio. Aquel curso, según la web
oficial, no tenía entre sus patrocinadores a ninguna empresa de Ramírez.
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