Pantomima de huelga general de las burocracias sindicales

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Pantomima de huelga general de las burocracias sindicales

Donde gobierna el PP, la huelga se recrudece

Mañana el capitalismo seguirá existiendo, para desengaño de ingenuos

Miércoles 29 de septiembre de 2010, por ER. BarcelonaSe está desarrollando en España la jornada de huelga general convocada para hoy 29 de septiembre de 2010. En un contexto de crisis económica generalizada, hay que buscar un revulsivo. Sin embargo, los sindicatos no han movido un dedo ante la constante sangría de desempleados vivida en España en más de dos años, y se han desacreditado por completo a ojos de la sociedad española. Descrédito rematado con una convocatoria de huelga general justo después del verano y maquillada con la coincidencia de otra protesta sindical a nivel «europeo» (la Confederación Europea de Sindicatos se concentra en Bruselas), lo que revela la naturaleza de los sindicatos españoles: meros apéndices burocráticos del Estado, correas de transmisión de la socialdemocracia imperante en España.

Mediante amenazas y agresiones convierte el derecho a la huelga en la obligación de hacer huelga

Es realmente inaudito que se haya convocado una huelga general en el mes de septiembre: no olvidemos que la primera huelga general organizada por UGT, el sindicato del PSOE, el 14 de diciembre de 1988 (a menos de dos semanas de las fiestas navideñas), provocó un parón completo de la actividad económica y un gran descrédito al gobierno de Felipe González.

Sin embargo, la actual protesta tiene lugar cuando el otoño en España recién empieza, y ni los trabajadores ni la actividad económica han alcanzado aún su ritmo habitual. Se plantea así la posibilidad de celebrar el famoso «veranillo de San Miguel», con una jornada que muchos trabajadores pueden disfrutar simulando que se encuentran de baja o escudándose en que el transporte urbano se ha paralizado por los denominados «piquetes informativos», que en realidad son «piquetes coactivos», que chantajean a los trabajadores con amenazas verbales e incluso físicas si acuden a su puesto de trabajo.

Sólo así los sindicatos de clase podrán esgrimir como un éxito la huelga, afirmando que no sólo en el sector público y en las pocas grandes empresas que aún hoy existen en España, sino también en los pequeños comercios, bajo la amenaza de destrucción de escaparates y cristales, se secunda la jornada de paro. Sin embargo, el gobierno de turno siempre podrá a su vez replicar que el número de trabajadores que formalmente renunciaron a percibir su salario, y por lo tanto secundaron realmente la jornada de huelga, apenas alcanza una pequeña minoría del total. De ahí la disparidad habitual en cifras según quien las presente sea el gobierno o los sindicatos: en la Administración Pública el gobierno cifra la huelga en un 7 por ciento de participación; los sindicatos, por el contrario, en un 70 por ciento.

De esta manera, con coacciones, agresiones, violencias y amenazas, lo que se convoca como una huelga para reivindicar determinadas mejoras económicas (la retirada de la reforma laboral aprobada por el gobierno que abarata el despido), se convierte en realidad en una huelga política, realizada además no contra el gobierno sino contra el Partido Popular, la oposición, en aquellos lugares donde gobierna: los altercados de la Policía con los piquetes coactivos en Madrid, con el objetivo de parar los servicios mínimos legalmente establecidos, son una buena prueba de ello. Mientras, en provincias y ciudades gobernadas por el PSOE los servicios mínimos han sido reducidos a la ridiculez del 25 por ciento. El gobierno socialista, el mismo que ha otorgado las subvenciones más altas de la historia a los sindicatos para que no se rebelen, se hace solidario así del paro y escenifica la pantomima en que se ha convertido, a ojos de la ciudadanía española, esta convocatoria de huelga general.

La ilusión de creer que la URSS aún existe

Las bases sindicales son, en cierto modo, ajenas a sus líderes. Ellos piden la dimisión de Zapatero, pero también, en su ingenuidad, destruir el capitalismo, pensando quizás que aún es posible que todos los trabajadores puedan vivir a cargo del Estado como ellos en su posición de sindicalistas. Pero en una sociedad capitalista ningún trabajador tiene garantizado de por vida su puesto de trabajo, y si las pequeñas o medianas empresas, que son las que ofrecen la mayor parte del empleo en España, no pueden mantener sus beneficios, necesariamente habrán de despedir a parte de su personal.

Es más, sin la Unión Soviética, cualquier intento de huelga revolucionaria está condenado al fracaso. Véanse las durísimas protestas que se han producido en Grecia, que sin embargo se han ido extinguiendo al no disponer de ningún canal efectivo por el que conducirse. Ni los sindicatos ni por supuesto la patronal, las dos partes del fantasioso «diálogo social», están capacitados para ofrecer ningún tipo de ayuda o cobertura a pequeños y medianos empresarios; estas burocracias son parte del problema que supone una estructura estatal recrecida y descoordinada por el sistema autonómico, y por una forma caduca de entender el mercado laboral y el modelo de empresa.

Los sindicatos de clase, funcionarios del Estado continuadores del sindicato vertical del régimen franquista, consideran a pequeños y medianos empresarios, que apenas pueden mantenerse a ellos mismos, como «explotadores» y «avaros», sin ser conscientes que ni de lejos gozan de la comodidad sindical, con el puesto asegurado en el aparato burocrático del Estado. Persiguiendo a quienes generan el empleo es imposible que los sindicatos puedan ofrecer soluciones a la crisis económica: los cursos de formación que imparten no garantizan trabajo a quienes los siguen (sólo sirven para maquillar las cifras de desempleados), y sus escasos intentos de fundar empresas acabaron en desastre total. Recordemos el caso de la cooperativa de la vivienda PSV, que fue a la quiebra y el dinero público invertido en ella desapareció para ser ingresado en las cuentas corrientes de los líderes sindicales.

Abaratar el despido y aumentar el número de causas para despedir perjudica a los trabajadores pero sobre todo a los sindicatos: al reducirse la cuantía de salarios de tramitación por despido improcedente, menos dinero que los abogados sindicales pueden percibir en esos procesos. Pero una eventual retirada de la reforma laboral, como sucedió en el año 2002, sólo sería la escena final de la comedia, auténtica ópera bufa que puede tener su acto final cuando mañana gobierno y sindicatos se sienten a dialogar: el problema no es abaratar el despido sino abaratar la contratación para que pequeños y medianos empresarios aumenten la plantilla de trabajadores sin dañar a su empresa. Pero eso supondría también retirar cuantiosos fondos que perciben los sindicatos vía salario bruto del trabajador, algo que nunca aceptarán. CCOO y UGT prefieren seguir viviendo su fantasía de funcionarios de un Estado que les garantiza su derecho a la pereza.

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