¡Noticia bomba! Vuelve el apocalipsis
Carlos Sánchez - 10/10/2010
El apocalipsis es un viejo compañero de viaje del sistema público de pensiones. Toda reforma está acompañada de turbios augurios sobre la capacidad de la economía para hacer frente a sus compromisos con las próximas generaciones debido al envejecimiento de la población.
La causa de tanto desasosiego probablemente tenga que ver con el hecho de que siempre que se habla de demografía -y la población es una variable esencial en el sistema de pensiones, aunque no la única- sigue gobernando en el subconsciente colectivo aquel mapa aterrador que dibujó Malthus hace un par de siglos, y que dio origen a que Thomas Carlyle dijera que la economía era una ciencia lúgubre.
Tan lúgubre que hay quien sostiene que el sistema público de pensiones es una inmensa estafa piramidal digna de doña Baldomera, la célebre hija de Larra, quien mucho antes que Ponzi montó -ella sí- un verdadero fraude masivo.
Sin embargo, el sistema público de pensiones, con más o menos achaques, camina. O pedalea, como se prefiera. Y como recordaba hace algún tiempo un alto cargo de la Seguridad Social, incluso los pensionistas alemanes cobraron su pensión durante las dos guerras mundiales que asolaron al continente europeo durante el siglo XX, lo que da idea de su resistencia a los cambios demográficos y económicos. Incluso a las calamidades políticas.
El invento del viejo Bismarck funciona, aunque en realidad el padre de la criatura fuera un personaje fascinante que respondía al nombre de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV. Colbert fue el primer gobernante que obligó a los funcionarios de la monarquía borbónica anterior a 1789 a llevar al día un libro de entradas, otro de salidas, y un tercero de fondos públicos. El remanente se emplearía en estimular la actividad económica, y así es como nació el colbertismo, símbolo del fomento de la riqueza mediante la intervención de los poderes públicos.
Gracias a este primer control del erario público, se pudo poner en marcha en las postrimerías del siglo XVII un rudimentario sistema de protección social. Los primeros beneficiarios fueron los marinos mercantes de las indias, a quienes se garantizaba unos ingresos en el momento de su retiro. Desde entonces, el sistema de pensiones (con mayor o menor generosidad) se ha consolidado, fundamentalmente desde 1945.
Es curioso que en España el primer seguro obligatorio tuviera también como protagonistas a los navieros, a quienes en 1919 se impuso la obligación de asegurar a las tripulaciones contra los accidentes marítimos. También llegaría el Retiro Obrero, génesis de la Seguridad Social, célebre porque cada trabajador asegurado aportaba una perra gorda (diez céntimos de peseta), con el compromiso de que 25 años después cobraría una peseta diaria como pensión de jubilación.
Adaptación al cambio
Desde entonces, y pese a que en los últimos cien años han llegado a caer chuzos de punta, el sistema sigue operativo, precisamente, por su capacidad de adaptación a los cambios políticos, económicos y demográficos. El sistema se ha perfeccionado gracias, entre otras cosas, a que la edad real de jubilación (no la legal) se ha ido alargando; a la mayor correspondencia entre lo cotizado y lo percibido; a que la tasa de ocupación ha ido aumentando y, sobre todo, a que la productividad del factor trabajo se ha disparado, lo que ha permitido financiar el Estado de bienestar. No estará de más recordar que hace apenas 30 años el gasto de España en pensiones respecto del PIB era la mitad que ahora, y todo el mundo estará de acuerdo en que pese a haberse duplicado ese gasto, hoy la Seguridad Social está más saneada que entonces. Básicamente porque la población ocupada ha crecido un 50% en los últimos veinte años.
Los críticos del sistema de reparto suelen argumentar que el modelo es insostenible debido a que la esperanza de vida de un trabajador es hoy muy superior a la que había en los tiempos de Bismarck. Y es verdad ese argumento, pero sólo a medias. Se olvida que la productividad de un trabajador de hoy es infinitamente superior a la de aquel tiempo gracias a los avances tecnológicos. Sólo hay que darse una vuelta por una fábrica de automóviles o de la industria textil.
Incluso los pensionistas alemanes cobraron su pensión durante las dos guerras mundiales, lo que da idea de su resistencia a los cambios demográficos y económicos
Comparar la esperanza de vida sin más es, simplemente, un pobre argumento. Exactamente igual que no tener en cuenta que precisamente porque los españoles viven más, han podido trabajar durante bastantes más años, lo que explica la existencia de larguísimas carreras laborales. En muchas ocasiones superiores a los 45 años, pese a que el sistema sólo tiene en cuenta 35 cotizados. Este informe de Eurostat, por ejemplo, ilustra cómo se ha ido retrasando la salida del mercado de trabajo en Europa en los últimos 15 años (también en España). Y en este otro, igualmente, se pone en entredicho el catastrofismo con el que se suele vivir el hecho de que el gasto en pensiones ocupe cada vez un peso mayor en relación al PIB.
Merece la pena detenerse en este asunto. En 2007, España gastaba en pensiones el 9% del Producto Interior Bruto, casi tres puntos menos (30.000 millones de euros) que en la media de la eurozona. Muy lejos, por ejemplo, del 14,6% de Italia (sí han leído bien), del 13,3% de Francia o del 12,4% de Alemania. Parece evidente, por lo tanto, que este país tiene algún margen para afrontar la reforma de las pensiones. Ahora bien, el hecho de que tenga mayor margen de maniobra no le exime de avanzar hacia un modelo más justo en el que, por ejemplo, se tenga en cuenta el número real de años cotizados para calcular no sólo la cuantía de la pensión sino, también, la edad de jubilación, que debería ser voluntaria a partir de los 65 años actuales.
El modelo sueco
Los cien economistas que aglutina Fedea han sugerido la implantación en España del llamado ‘modelo sueco’, y en verdad que es, probablemente, el mejor sistema. Se basa, fundamentalmente, en tres pilares. El primero tiene que ver con un sistema de reparto en el que cada trabajador abre una cuenta ficticia en la Seguridad Social (cuentas nociales) y, por lo tanto, sabe en cada momento y en función de su vida laboral cuánto cobrará en el momento de la jubilación. Y lo que es también relevante, cuándo se jubila a partir de una edad mínima. La cantidad no es exacta ya que depende de variables como la demografía o la coyuntura económica, lo que permite que el sistema se adapte al momento introduciendo criterios de solidaridad.
El segundo pilar está compuesto por cuentas individuales –de carácter obligatorio-, engordadas con aportaciones también individuales, y cuyos fondos se invierten en los mercados financieros. Y el tercero tiene que ver con los planes de pensiones que tienen la mayoría de las empresas suecas. La cotización a la Seguridad Social equivale al 18,5%, financiada a partes iguales por trabajadores y empresarios.
Ni que decir tiene que el modelo sueco garantiza la solidaridad, pero también la equidad, lo que impide que el Gobierno de turno -al contrario que en España- meta la mano en la caja para hacer electoralismo barato (caro para los contribuyentes). Como sucede cuando el presidente del Gobierno anuncia subidas de las pensiones mínimas que no se financian con impuestos, sino con cotizaciones sociales, lo que introduce desequilibrios en el sistema. O cuando se permite que haya regímenes con elevados superávit (el general), mientras que otros están llenos de agujeros porque no se ha avanzado lo suficiente en la correspondencia entre lo cotizado y lo percibido en el momento del retiro.
El modelo sueco garantiza la solidaridad, pero también la equidad, lo que impide que el Gobierno de turno meta la mano en la caja para hacer electoralismo barato
¿Y quiénes se benefician del hecho de que las pensiones mínimas suban sistemáticamente por encima de la inflación sin que el Estado corra con los gastos? Será casualidad, pero fundamentalmente tres comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE desde hace casi 30 años: Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. Los datos de la Seguridad Social indican que más de la mitad de las pensiones que se pagan en Extremadura (el 51%) tienen el carácter de mínimas. En el caso de Castilla La Mancha, este porcentaje llega al 43,7%, mientras que en Andalucía una de cada tres pensiones (el 35%) es sufragada parcialmente por el Estado.
En el lado opuesto se encuentran Madrid, Asturias, País Vasco y Cataluña, donde menos del 20% de las pensiones tienen el carácter de mínimas.
En una palabra, el principal enemigo del sistema público de pensiones es la incapacidad de este país para hacer reformas en tiempo y en forma y para crear puestos de trabajo. Y es por eso, que lo esencial es dejar trabajar al parlamento sin presiones de los lobbys de turno y sin un Gobierno que decide unilateralmente, por ejemplo, congelar las pensiones, cuando la revalorización automática es un mandato expreso del Pacto de Toledo. Sólo así se podrá conseguir que la solidaridad se financie con impuestos y no con cotizaciones sociales, porque de otra manera se perjudica el empleo, lo que a lo mejor exigiría un nuevo modelo de financiación del sistema público de pensiones. Sin duda un asunto de tanta transcendencia como el de la edad de jubilación.
Como diría Juan Ramón Jiménez: ¡No le toques ya más, que así es la rosa!
Por favor, pásalo. Se valiente
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