El Gobierno buscará un pacto social para regular los despidos objetivos
El Gobierno sigue firme en su negativa a retirar la reforma laboral, pero eso no significa que no esté abierto a modificaciones sustanciales.
Cambios de calado que permitan dar satisfacción a las demandas de las centrales sindicales, incluso en los temas claves del despido objetivo, a través del
desarrollo reglamentario de la Ley aprobada en el Congreso.
desarrollo reglamentario de la Ley aprobada en el Congreso.
Es más, aunque Zapatero dijera el viernes que llamará a los sindicatos después de nombrar al sustituto de Celestino Corbacho al frente del Ministerio de Trabajo, hacia mediados de este mes de octubre, fuentes próximas al Gobierno confirman que desde Moncloa se han tendido ya puentes con CCOO y UGT para restablecer el diálogo aparentemente roto por la convocatoria de la huelga general.
Tiempo suficiente para que se enfríe el clima político y mientras desde ambas partes se apunta ya que uno de los puntos claves en la pendiente negociación de los reglamentos de la Ley de Reforma del Mercado de Trabajo es la clarificación de las causas para aplicar el despido objetivo.
En el Ministerio de Trabajo son conscientes de que éste es uno de los aspectos cuya inconcreción obliga a un desarrollo urgente, especialmente en la definición de lo que se entiende por "previsión de pérdidas" para establecer unos criterios objetivos que reduzcan al máximo el recurso al juez.
Diálogo social
El texto definitivo de la reforma laboral establece que las empresas podrán despedir por causas económicas procedentes cuando existan "pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos". Una precisión que marca el camino a los jueces a la hora de aprobar los despidos procedentes, mucho más baratos (20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades) que el improcedente (45 días con un tope de 42 mensualidades o 33 con un máximo de 24, según el tipo de contrato indefinido).
Sin embargo desde el Gobierno, y también desde la CEOE y algunos sectores sindicales, se entiende que con esta formulación se abre una vía a la judicialización de la inmensa mayoría de los despidos, impidiendo así el desarrollo, en la práctica, de uno de los objetivos básicos de la reforma.
Responsables sindicales aseguran que esta indefinición de las causas del despido objetivo es "mala para las empresas, que se exponen a unos fallos judiciales que mayoritariamente se inclinan hacia el trabajador, y malo para los trabajadores que se encuentran en una clara situación de indefensión".
A este respecto el Ejecutivo ya ha dado un pequeño paso al posibilitar el traslado de la jurisdicción administrativa a la de lo social de los recursos contra los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
La nueva formulación de los contratos de formación para proceder a su regulación en firme y fijar la certificación de cualificación profesional es otro de los temas pendientes de desarrollar. También las fórmulas para que las empresas de trabajo temporal (ETT) puedan participar en la Administración y entrar en la construcción y otros sectores de riesgo; y el desarrollo de las agencias de colocación privadas, aspecto este que el Gobierno debe negociar con los agentes sociales y las comunidades autónomas antes de final de año.
Más conflictiva puede ser la regulación de los procesos de descuelgue del convenio para las empresas en dificultades, aunque en este punto el Ejecutivo estaría dispuesto a ceder a las pretensiones de los sindicatos para darles mayor capacidad de decisión.
Lo que queda por dilucidar también es la fórmula por la que optará el Gobierno para llevar a cabo estas negociaciones. Las partes afectadas tienen asumido que "las reformas no pactadas terminan en fracaso", por ello en círculos del partido del Gobierno se apunta que, desde el punto de vista práctico, la opción más factible es "llevar el desarrollo de la reforma laboral a la mesa del diálogo social".
Es decir, se trataría de trasladar a sindicatos y empresarios la responsabilidad de la negociación y si las partes afectadas llegan a un acuerdo el Gobierno utilizaría la voluntad de los agentes sociales para justificar los cambios que pudiera introducir en la reforma laboral.
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